La Ley Myrna, conocida formalmente como “Protección al Patrimonio Social”, busca que recursos provenientes de programas sociales sean legalmente intocables e inembargables por parte de instituciones bancarias o despachos de cobranza.
Esta iniciativa de reforma adiciona decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, para evitar que los bancos congelen cuentas de beneficiarios, a fin de cubrir deudas civiles o mercantiles.
Al tratarse de recursos de carácter alimentario son intransferibles e irrenunciables; no obstante, siempre hay una excepción. Un juez podrá retener los fondos en casos de pensiones alimenticias.
¿Qué programas quedarán protegidos con la Ley Myrna?
La Ley Myrna, iniciativa de reforma impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, y respaldada por la asociación civil El Barzón, blindará los recursos provenientes de programas sociales como:
- Pensión del Bienestar
- Becas Benito Juárez
Actualmente, la propuesta se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno.
De ser aprobada, entrará en vigor en 60 días y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá 120 días para emitir la regulación técnica que obligue a instituciones bancarias a proteger de forma automática estos fondos.
Origen de la Ley Myrna
La Ley Myrna surge como respuesta al caso de una mujer, de 67 años de edad, llamada Myrna, cuya pensión fue bloqueada y utilizada para cubrir un crédito bancario.
Myrna, enferma de diabetes y síndrome mielodisplásico, perdió su único recurso para cubrir necesidades alimentarias y de salud.
Al tratarse de un caso de abuso financiero, ‘El Buzon’ se alió con el PT para evitar que continúen replicándose.
La organización fue clave para documentar los abusos que sufren los adultos mayores frente a las instituciones bancarias.