Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y actual coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), es señalado en diversas publicaciones periodísticas como presunto informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde hace más de 20 años.

Los señalamientos se sustentan en reportes publicados por Los Angeles Times y en una columna del político Jaime C. Martínez Veloz, difundida en La Crónica, donde se describen los presuntos vínculos del exmandatario con la agencia estadounidense.

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, acusó a Jaime Bonilla de filtrar audios en los que presuntamente se le escucha conversar con supuestos agentes del FBI para ofrecer información de las mesas estatales de seguridad a cambio de evitar un proceso penal en Estados Unidos.

Reportes ubican a Jaime Bonilla como informante del FBI desde 2000

De acuerdo con las publicaciones citadas, en 2003 quedó acreditado ante tribunales federales de Estados Unidos que Jaime Bonilla colaboró formalmente como informante confidencial del FBI entre finales de 2000 y 2001.

Según esos documentos, el exgobernador utilizó equipos de grabación proporcionados por la agencia estadounidense y actuó bajo instrucciones de los investigadores durante una indagatoria relacionada con el Distrito de Agua de Otay, en San Diego, California.

Los reportes indican que, en mayo de 2001, Bonilla portó un micrófono oculto entregado por el FBI para grabar una conversación con Art M. Gastelum, cabildero del Distrito de Agua de Otay, durante una reunión en un restaurante de mariscos.

En esa conversación, Gastelum presuntamente propuso inflar un contrato para la construcción de torres de transmisión eléctrica con el objetivo de desviar un millón de dólares. La transcripción de ese diálogo fue publicada por Los Angeles Times en octubre de 2003.

“Resultó que el FBI estaba investigando una supuesta corrupción en la junta de agua y utilizando a su presidente, Jaime Bonilla, como informante. En mayo de 2001, Bonilla grabó en secreto una conversación con Gastelum en un restaurante de mariscos en Chula Vista.”

Transcripción de Los Angeles Times

Las mismas publicaciones señalan que, entre enero y septiembre de 2001, Bonilla grabó decenas de horas de conversaciones telefónicas y reuniones con socios y funcionarios públicos, entre ellos Fred Cárdenas y Tony Innocenti, utilizando dispositivos encubiertos proporcionados por el FBI.

Tras darse a conocer estos hechos, Jaime Bonilla declaró en 2003 ante la Corte de Distrito de San Diego que siempre actuó bajo la recomendación de su abogado y con autorización de las autoridades federales estadounidenses.

No obstante, Fred Cárdenas acusó posteriormente a Bonilla de haberle solicitado un soborno.

FBI y Departamento de Justicia reconocieron la colaboración de Jaime Bonilla, según reportes

Las publicaciones también sostienen que, en 2003, tanto el FBI como el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron que Jaime Bonilla colaboró como informante confidencial durante 2001.

De acuerdo con esos reportes, ambas instituciones le proporcionaron micrófonos, instrucciones operativas y respaldo durante la investigación, aunque el caso terminó siendo archivado tiempo después.

Asimismo, las grabaciones obtenidas por Bonilla fueron enviadas a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles como parte de la denominada investigación Belmont, relacionada con presuntos actos de corrupción en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Paralelamente, el FBI conservó los audios en los que Art M. Gastelum detallaba el supuesto esquema de sobornos en el Distrito de Agua de Otay.

Aunque diversas versiones sostienen que Jaime Bonilla dejó de colaborar con las autoridades estadounidenses tras incorporarse a la política mexicana, el tema resurgió en medio de la controversia por la filtración de los audios relacionados con la gobernadora Marina del Pilar.