El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra ocho entidades cubanas y tres funcionarios militares, enfocadas en la industria del níquel y en organismos vinculados con investigación y desarrollo militar.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que las medidas alcanzan a cuatro empresas estatales relacionadas con el sector del níquel y cuatro entidades militares dedicadas al desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales, simuladores y comunicaciones, además de tres funcionarios militares.
Washington justificó las sanciones al señalar que estas estructuras generan recursos para el Gobierno cubano y forman parte de su aparato militar. Las medidas fueron adoptadas con base en la Orden Ejecutiva 14404 de la administración de Donald Trump.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas y las calificó como parte de una política estadounidense de “máxima asfixia económica y castigo colectivo” contra la población de la isla. Cuba sostiene que las sanciones estadounidenses agravan las dificultades económicas que enfrenta el país.
Por su parte, Estados Unidos sostiene que las sanciones buscan presionar al Gobierno cubano y afectar fuentes de financiamiento vinculadas con sus estructuras militares y de seguridad.
Entre las entidades sancionadas aparecen empresas y centros vinculados con la extracción, investigación y servicios relacionados con el níquel, así como organismos dedicados a tecnología militar, electrónica, comunicaciones y capacidades navales.
La medida profundiza las tensiones entre Washington y La Habana, cuyos gobiernos mantienen posiciones contrapuestas sobre los efectos y objetivos de las sanciones económicas estadounidenses.