En la sesión presencial de este martes, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), fundamentó el dictamen que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.
Godoy Rangel afirmó que “la reforma no es una transgresión a los derechos reconocidos por nuestro máximo compendio legal; únicamente perfecciona los requisitos para contender, ser electo y ejercer la titularidad de uno de los ejecutivos Federal o locales. Es para contender, es para ejercer el cargo de titular del Ejecutivo Federal o locales, no es para ninguna otra cosa más. Otros cargos de elección popular no están previstos en esta reforma constitucional”.
El objetivo del dictamen –dijo– es asegurar que toda persona que ejerza dicha titularidad no se vea influenciado ni inclinado a salvaguardar y proteger intereses provenientes de una segunda nacionalidad o de entes extranjeros.
Explicó que la redacción vigente no comprende los casos en que una persona tiene otra nacionalidad desde su nacimiento. De esta idea emana la iniciativa que da origen al dictamen que contiene propuestas de modificación y adición a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con el fin de establecer como requisito constitucional que para ejercer el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal o de las entidades federativas se deberá contar únicamente con la nacionalidad mexicana y no se podrá adquirir, invocar o hacer valer alguna otra.
Subrayó que adicionalmente la reforma plantea que aquellas personas que deseen contender, no cualquiera, solo los que deseen contender por la Presidencia de la República, las gubernaturas o la jefatura de Gobierno, deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad que no sea la mexicana. “Es decir, para ser registrados como candidata o candidato a uno de estos cargos, tendrán que prescindir de la nacionalidad extranjera”.
Externó que la reforma precisa que quien ejerce el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal o locales estará impedido para requerir y ejercer otra nacionalidad diferente a la mexicana. Eso comprende la prohibición de usar pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como la imposibilidad de ejercer los derechos políticos inherentes a la nacionalidad extranjera y de acogerse a su protección diplomática.
Leonel Godoy resaltó que no podrán ejercer esos derechos extranjeros ni podrá acogerse a esta protección, y de no ser así las personas que ostenten estos cargos se sujetarán a las sanciones establecidas en el título cuarto de la Constitución Política.
Además, precisó, en el régimen transitorio, se establece una implementación gradual y ordenada. Primero, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero los nuevos requisitos serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. “Entra en vigor, pero su aplicación es hasta el proceso electoral de 2028”.
También, la reforma no será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo actualmente la Presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de Gobierno.
Informó que el Congreso de la Unión contará con 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y las legislaciones electorales correspondientes. En tanto, las entidades federativas dispondrán del mismo plazo para armonizar sus constituciones y sus leyes electorales.
Agregó que los certificados de nacionalidad mexicana expedidos con anterioridad conservarán su validez y surtirán efectos plenos para los cargos y funciones distintos a los tres titulares comprendidos en esta reforma.
Recordó que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que establece la Constitución, es el elemento que vincula a una persona con un Estado, y a través de ese vínculo se le otorga identidad y pertenencia a la persona, permitiéndole adquirir derechos y obligaciones reconocidos por el marco jurídico del Estado mexicano.
Por ello –enfatizó– la importancia de que las naciones, en ejercicio de su soberanía, fijen los requisitos que se deben cumplir para que una persona sea reconocida como nacional, y en el caso de México dichos requisitos se encuentran consagrados en el artículo 30 constitucional.
Destacó que a la par, el marco constitucional en el artículo 32 ha reconocido la posibilidad de que las y los mexicanos posean otra nacionalidad, limitando tal derecho al ejercicio de ciertos cargos en los que se requiere ser mexicano por nacimiento y el no haber adquirido otra nacionalidad.
El diputado sostuvo que con esto se asegura que todo Poder Ejecutivo sea desempeñado por personas mexicanas, leales, responsables y comprometidas con la realidad y exigencias del Estado mexicano, disminuyendo la posibilidad de poner en riesgo la soberanía nacional y el escenario político electoral vigente.
“Como constituyente permanente estamos obligados a mejorar el marco constitucional de acuerdo con las nuevas realidades nacionales e internacionales que aborda nuestro país. Es nuestro deber garantizar, mediante la reconfiguración del andamiaje jurídico nacional, que la dirección del Poder Ejecutivo Federal, locales y jefatura de Gobierno se haga sin la intervención de agentes extranjeros o sin actores políticos entreguistas”, agregó.
Aclaró que la reforma no representa una afectación al derecho de poseer una doble nacionalidad, ni ningún riesgo de perder la doble nacionalidad, pues sigue reconocido en el artículo 32 constitucional, que no sufre ninguna modificación y, por lo tanto, seguirán garantizados su nacionalidad mexicana aún y cuando hayan adquirido o hayan nacido con otra. La única manera en que este decreto surtirá efectos en esferas jurídicas es cuando opten por participar en un proceso electoral para el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal o locales.
La reforma –abundó– es para que haya una regla constitucional clara, uniforme y verificable, y de este modo afianzar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan durante su encargo su vínculo jurídico-político exclusivo con México.
Desechan mociones suspensivas
En votación económica, el Pleno desechó por separado dos mociones presentadas por los diputados Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) y Humberto Ambriz Delgadillo (PRI), quienes planteaban suspender la discusión y votación del dictamen.
