La detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, provocó este sábado una serie de manifestaciones de respaldo por parte de familiares, militantes y figuras políticas, principalmente vinculadas al Partido Acción Nacional (PAN), mientras decenas de simpatizantes se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado para exigir su liberación.
Entre los personajes que acudieron a la movilización estuvieron el exalcalde de Chihuahua Juan Blanco Zaldívar; el regidor Félix Martínez; el exdirigente estatal panista Guillermo Luján Peña; el regidor Isaac Díaz Gurrola, así como Angélica, esposa de César Jáuregui, quien acompañó a familiares y simpatizantes durante la protesta.
Juan Blanco fue uno de los actores que asumió una posición más contundente. Durante la concentración calificó a Jáuregui como un “preso político” y consideró su detención una injusticia y una arbitrariedad. El exalcalde sostuvo que el conflicto está relacionado con la disputa interna del PAN por la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua y exigió que Jáuregui conserve intactos sus derechos políticos.
Guillermo Luján Peña también acudió personalmente al Tribunal para respaldar al exfiscal. Su presencia fue documentada junto con la de Blanco y otros integrantes del panismo, en una movilización que exigió la libertad de Jáuregui y cuestionó las circunstancias de su detención.
Los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz no solamente participaron en la protesta, sino que también realizaron pronunciamientos públicos. Martínez responsabilizó a la administración estatal y manifestó que mantendrá su respaldo a Jáuregui, mientras Díaz calificó la aprehensión como arbitraria y relacionó el caso con la posición que mantiene el exfiscal en la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua en 2027.
A estas expresiones se sumó públicamente el exdiputado local Roberto “El Pony” Lara, quien cuestionó la actuación de las autoridades y advirtió sobre un posible uso político de las instituciones de justicia. Lara comparó lo sucedido con la detención de Juan Blanco en 2009 y expresó en redes sociales: “Nuestra defensa es la LIBERTAD!!! No a presos políticos”.
El respaldo también llegó desde el Senado. El senador panista Mario Vázquez Robles pidió que Jáuregui pueda enfrentar su proceso en libertad, al considerar que el exfiscal ha demostrado arraigo en Chihuahua y no ha intentado sustraerse de la acción de la justicia.
Fuera de las filas del PAN, la diputada federal del PT Lilia Aguilar Gil también cuestionó políticamente la detención. La legisladora planteó que el procedimiento podría tener como consecuencia dejar fuera a Jáuregui de la contienda electoral de 2027 y lanzó críticas hacia la actuación del panismo en el caso.
Por su parte, el abogado Luis Villegas Montes, encargado de la defensa del exfiscal, ha sostenido que detrás de la detención existe un componente político-electoral y ha cuestionado la manera en que las autoridades estatales ejecutaron el procedimiento. Villegas acudió a las instalaciones de la Fiscalía después de la captura y posteriormente asumió la defensa dentro del proceso judicial.
Durante la concentración frente al Tribunal, decenas de ciudadanos y militantes panistas portaron pancartas y lanzaron consignas como “César no está solo”, “César, amigo, el PAN está contigo”, “Hasta donde tope”, “No a los presos políticos” y “Se detiene al narco, no a quien lo combate”.
La protesta también dejó mensajes directamente dirigidos a la gobernadora Maru Campos, entre ellos “Maru, escucha, el PAN está en la lucha” y “Gobernadora, Chihuahua merece la verdad”, evidenciando que el caso comenzó a trasladarse del terreno estrictamente judicial hacia la disputa política interna del PAN.
La movilización ocurre además en momentos en que Jáuregui había expresado públicamente su intención de buscar la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua y había exigido que la definición se realizara mediante mecanismos democráticos abiertos a militantes y ciudadanos.
Las expresiones de apoyo colocan la detención de Jáuregui como un nuevo punto de tensión dentro de la política estatal, particularmente por su coincidencia con el proceso de definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.