El caso del exfiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, adquirió una nueva dimensión este sábado, luego de que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informara que la investigación federal lo señala por hechos presuntamente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación está relacionada con el operativo realizado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino y en el que habrían participado ciudadanos estadounidenses sin contar con las autorizaciones correspondientes para intervenir en tareas de seguridad en territorio mexicano.
Godoy señaló que Jáuregui, entonces titular de la Fiscalía General del Estado, habría permitido la participación de extranjeros en acciones que, por su naturaleza, corresponden a las autoridades mexicanas y están sujetas a disposiciones constitucionales y legales en materia de soberanía y seguridad nacional.
La fiscal general sostuvo que estas conductas podrían representar una afectación al pacto federal y a la división de competencias entre autoridades, por lo que la FGR abrió una vertiente penal distinta a la investigación que actualmente mantienen las autoridades estatales contra el exfuncionario.
La investigación federal también habría documentado que los ciudadanos estadounidenses acudieron en diversas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, situación que forma parte de los elementos analizados para determinar el grado de participación que tuvieron en actividades reservadas a las autoridades mexicanas.
Los dos estadounidenses involucrados murieron posteriormente, junto con dos servidores públicos estatales, en un accidente carretero ocurrido después del operativo realizado en la zona serrana de Chihuahua.
El caso había generado desde meses atrás una investigación federal para determinar las circunstancias en las que ingresaron y participaron los extranjeros. En mayo, Jáuregui fue llamado inicialmente a declarar como testigo, mientras que la gobernadora Maru Campos también fue convocada por la FGR para rendir su testimonio sobre los acontecimientos.
La situación jurídica de Jáuregui cambió este sábado con su detención en la ciudad de Chihuahua.
De manera paralela al expediente federal, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra el exfiscal por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
El encargado del despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez, explicó que la investigación local se concentra en la manera en que fue desarrollado el operativo, particularmente en la presunta omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables.
Jáuregui ha rechazado previamente haber cometido algún delito y ha defendido públicamente la actuación de la Fiscalía durante el operativo. Días antes de su detención aseguró que volvería a tomar la misma decisión y manifestó estar dispuesto a enfrentar cualquier responsabilidad que las autoridades pretendieran atribuirle.
El pronunciamiento de Ernestina Godoy coloca ahora el expediente en dos ámbitos distintos: estatal y federal, con investigaciones relacionadas con un mismo operativo, pero sustentadas en posibles conductas y competencias diferentes.
La acusación federal representa además un giro relevante en un caso que durante los últimos días había escalado políticamente en Chihuahua debido al distanciamiento entre Jáuregui y la gobernadora Maru Campos y a las aspiraciones del exfiscal dentro del PAN rumbo al proceso electoral de 2027.
Será el Poder Judicial el encargado de determinar la situación jurídica del exfiscal y valorar los elementos presentados por las autoridades. Hasta entonces, los señalamientos formulados por la FGR y la Fiscalía estatal constituyen imputaciones que deberán acreditarse ante los tribunales, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia.