La Audiencia Nacional ha avalado que la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también incluya el pago de 200.000 euros que éste cobró del grupo empresarial peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago. Así lo ha dictado la sección tercera de lo Penal en un auto al que ha tenido acceso RTVE y en el que se desestima el recurso de la defensa de Zapatero en el que pedía excluir del procedimiento un informe policial que apuntaba al pago de esa cantidad.
Ese informe, del pasado junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional implicó a Zapatero en una dinámica para “tratar de mediar o influir” a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta “remuneración” de 200.000 euros.
El ofico señala, según el auto, que las personas detrás de los pagos efectuados al expresidente “forman parte del conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria y que el objetivo de los servicios era tratar de mediar o influir a favor de este grupo, en varios litigios millonarios mantenidos con la administración pública de Bolivia”.
Sobre ello, se insiste en que Zapatero “pudo haberse reunido o contactado con altas esferas políticas de dicho Estado, como el presidente, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado, con ocasión de un viaje a La Paz y a Sucre, en septiembre de 2024″.
Los magistrados rechazan que estos hechos no tengan conexión con el objeto del procedimiento pues, de las comunicaciones de los dispositivos intervenidos en el registro a la oficina de Zapatero, del pasado mes de mayo, “surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria“.
“No puede compartirse el criterio de la parte apelante sobre la ausencia de indicios, con anterioridad a la investigación que ahora se cuestiona, de la existencia de una organización presuntamente dedicada a la comisión de delitos de tráfico de influencias”, apunta la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional.