Jesús Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), podría salir de prisión luego de que un Tribunal Colegiado de Apelación ordenó su liberación inmediata.
Así lo ordenó el órgano judicial al resolver que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada que se le imputó.
Cabe destacar que el exrector de la UAEM fue detenido en noviembre de 2025 debido a los señalamientos en su contra por su presunta participación en el caso de la llamada Estafa Maestra.
Tribunal ordena liberar a Jesús Alejandro Vera, acusado en caso Estafa Maestra
El jueves 28 de mayo de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito ordenó la liberación inmediata de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM.
La resolución se basó en que la FGR no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación de delincuencia organizada en su contra ni acreditó la existencia de un grupo criminal estructurado.
Lo anterior debido a que se cuestionó que la firma de convenios institucionales entre UAEM y Sedesol pudiera interpretarse como integración de una organización delictiva con fines ilícitos.
El tribunal dictó un amparo liso y llano a favor de Vera Jiménez, lo que implica que no existe recurso pendiente y que la orden de liberación tiene carácter definitivo y obligatorio.
Cabe destacar que la salida física del penal depende de trámites administrativos y notificaciones, por lo que aún no está claro si Alejandro Vera Jiménez podrá recuperar su libertad de inmediato.
¿De qué se le acusa a Jesús Alejandro Vera, exrector de la UAEM?
El 7 de noviembre de 2025, Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM, fue detenido en Cuautla Morelos por la FGR por su presunta implicación en el caso de la llamada Estafa Maestra.
La detención se ejecutó debido a que se acusa que durante su gestión se firmaron contratos con la Secretaría de Desarrollo Social que permitieron desviar recursos públicos millonarios.
En julio de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo declaró responsable de desviar 239.3 millones de pesos mediante operaciones inexistentes vinculadas al programa Cruzada contra el Hambre.
La FGR argumentó que los convenios formaban parte de un esquema de triangulación de recursos entre universidades y dependencias federales, lo que derivó en su proceso judicial por delincuencia organizada.