La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz afirmó que el Congreso de la Unión tiene una deuda pendiente en materia de política de drogas, destacando la necesidad de implementar medidas que prioricen la dignidad, la salud y los derechos humanos. Señaló que es esencial enfocarse en el bienestar de las personas en lugar de continuar con la criminalización, y subrayó la importancia de invertir en servicios de salud accesibles y de calidad.
Lagunes enfatizó la urgencia de cambiar el enfoque hacia la salud mental en México, alejándose de políticas represivas que perpetúan estigmas y excluyen a quienes sufren adicciones. Propuso adoptar un modelo basado en el derecho a la salud que respete la autonomía de las personas en sus tratamientos, promueva la investigación y facilite el acceso a terapias innovadoras.
Durante el foro “Políticas de reducción de daños y tratamiento de adicciones” en el Senado, Lagunes citó cifras de la Organización Mundial de la Salud que indican que una de cada ocho personas en el mundo padece algún trastorno mental, y que en México alrededor del 17% de la población adulta ha experimentado un problema de este tipo.
La senadora subrayó que el derecho a la salud incluye no solo el bienestar físico, sino también el mental y social, por lo que es crucial que todas las personas tengan acceso a servicios de salud sin discriminación y con respeto a su dignidad. Además, expresó su preocupación por el creciente consumo de drogas, con casi 300 millones de usuarios en el mundo en 2022, y cómo el estigma y la discriminación limitan el acceso de estas personas a los servicios de salud.
Lagunes destacó la preocupación por el aumento del consumo de drogas sintéticas en México, mencionando que el uso de metanfetaminas y otras sustancias como éxtasis y anfetaminas aumentó un 218% entre 2017 y 2022. También celebró la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en 2023, pero advirtió que el presupuesto destinado a este tema sigue siendo insuficiente.
Finalmente, Juan Manuel Quijada Gaytán, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud, resaltaron la necesidad de integrar comités en los estados para reducir los riesgos asociados a las drogas y mejorar la salud mental, asegurando que esta atención sea un derecho para todos.