El sistema educativo actual debe asegurar el acceso de las personas con discapacidad, proporcionando sistemas inclusivos desde la educación inicial que atiendan las diferentes discapacidades existentes.
Aunque el acceso a la educación especial ha mejorado, es fundamental que los gobiernos reconozcan que es un derecho básico que debe ser promovido y protegido para garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan desarrollarse plenamente.
La educación inclusiva se basa en la idea de que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, deben aprender juntos en un entorno que valore la diversidad y promueva la igualdad de oportunidades. Para las personas con discapacidad, esto significa más que solo la integración física en las aulas; debe haber un enfoque pedagógico adaptado a las necesidades individuales, proporcionando los apoyos necesarios para una participación efectiva en el proceso de aprendizaje.
Es esencial promover la sensibilización y capacitación de los docentes, así como desarrollar materiales educativos accesibles y eliminar barreras físicas en los entornos de aprendizaje.
La educación especial no debería considerarse un sistema separado, sino una extensión dentro del marco de la educación inclusiva. Siempre que sea posible, los estudiantes con discapacidad deben aprender junto a sus compañeros sin discapacidad, beneficiándose de un entorno diverso que fomente el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.
Cuando la educación especial sea necesaria, debe ofrecerse con la mejor calidad, con profesionales capacitados y recursos adecuados para abordar las necesidades específicas de cada estudiante.
Esta iniciativa busca eliminar la discriminación en el acceso a la educación para personas con discapacidad, un problema persistente que requiere un enfoque firme. Las barreras incluyen la falta de accesibilidad en las infraestructuras escolares y actitudes negativas en la comunidad educativa.
Para combatir estas formas de discriminación y exclusión social, es crucial implementar políticas educativas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades y eviten que ningún estudiante sea excluido o desfavorecido por su discapacidad.
Esto implica establecer leyes y normativas que protejan los derechos de las personas con discapacidad y fomentar una cultura de respeto y valorización de la diversidad en todos los niveles del sistema educativo.
Además, asegurar el acceso a la educación inclusiva y especial beneficia no solo a los individuos, sino a la sociedad en general, contribuyendo a construir comunidades más justas y equitativas.
Para lograrlo, se propone una reforma a la Ley Estatal de Educación, añadiendo una fracción VII en el Artículo 35 para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación inicial inclusiva y especial. La nueva redacción sería:
Artículo 35.- …
…
I.- al VI. – …
VII.- Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación inicial inclusiva y especial, diseñando métodos, técnicas o programas necesarios para abordar los diversos tipos de discapacidad, promoviendo así un desarrollo educativo igualitario y sin discriminación.