La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reformar el Poder Judicial representa una amenaza significativa para su independencia y para el país en general. Al proponer la elección popular de jueces, magistrados y ministros, en lugar de democratizar la justicia, se corre el riesgo de politizarla y comprometer la imparcialidad fundamental en un Estado de derecho. Ejemplos como el de Bolivia demuestran cómo sistemas similares pueden llevar a una justicia politizada y desacreditada, lo cual es un camino a evitar.
La preocupación no se limita a México; tanto Estados Unidos como Canadá han expresado su inquietud por los posibles efectos negativos de esta reforma en la estabilidad económica y política. Los inversionistas perciben esta medida como una fuente de incertidumbre que podría afectar las relaciones comerciales y el flujo de inversiones en el país.
El proceso electoral para elegir estos cargos agregaría complejidad administrativa y confusión entre los votantes, quienes carecerían de la información necesaria para evaluar adecuadamente a los candidatos. La elección basada en popularidad en lugar de experiencia y conocimiento jurídico sustituiría criterios sólidos por promesas y eslóganes vacíos. Garantizar la justicia en un sistema donde los jueces son elegidos por su popularidad, y no por su competencia, plantea una amenaza crucial para la estabilidad económica y política del país.
Claudia Sheinbaum, en su papel de presidenta electa, debe reconsiderar esta reforma antes de que cause daños irreversibles. Si su intención es realmente fortalecer el sistema político, debe priorizar la preservación de la independencia judicial en lugar de sacrificarla por los intereses del presidente. La historia juzgará a quienes permitieron que el sistema judicial se viera comprometido por motivos políticos, y los daños derivados de una reforma mal diseñada podrían ser incalculables.
Es importante reconocer la valentía de quienes en el Poder Judicial han levantado la voz contra esta medida. Sus protestas no solo defienden sus propios intereses, sino el estado de derecho y las instituciones que han sostenido la democracia en el país. La independencia del Poder Judicial es esencial para garantizar una justicia verdadera y equitativa. En un contexto donde las decisiones judiciales deben basarse en la ley y no en los caprichos del poder, la independencia judicial es innegociable.
La situación actual requiere una revisión y un debate profundo sobre esta propuesta. No podemos permitir que un proyecto tan peligroso se imponga sin una resistencia firme. La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del sistema político, y su preservación es responsabilidad de todos los ciudadanos comprometidos con el futuro del país. Defender la justicia es, en última instancia, defender el futuro de la nación, y en esta lucha, no podemos darnos el lujo de retroceder.
Cada ciudadano que valora la libertad debe entender que la independencia del Poder Judicial no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Este no es el momento para experimentar con el sistema judicial; es el momento para fortalecerlo. El país necesita un Poder Judicial fuerte y autónomo, capaz de resistir las presiones políticas y garantizar que la ley se aplique de manera imparcial. Esta reforma, tal como está planteada, es un retroceso que debemos evitar.