Luisa Alcaldeinformó durante la conferencia mañanera de este martes 4 de agosto que la reforma para eliminar las llamadas pensiones doradas ha generado un ahorro de 5 mil millones de pesos.
“Como 5 mil millones de pesos, mas o menos. Entonces que qiede bien claro, todavía hay quienes quisieran regresar al pasado, decir: ‘es mi derecho recibir un millón de pesos’. No, la Constitución es clara en establecer este tope.”
Luisa Alcalde
Además, Luisa Alcalde explicó que actualmente existe una contradicción en la Constitución respecto al monto máximo que pueden recibir los pensionados.
De acuerdo con Luisa Alcalde, la legislación vigente establece como límite que ninguna persona puede recibir una pensión superior al salario de la presidenta de México; sin embargo, señaló que la redacción constitucional mantiene una inconsistencia que será corregida mediante una nueva reforma.
Claudia Sheinbaum corregirá contradicción sobre las pensiones doradas
Ante esta situación,Claudia Sheinbaumanunció que impulsará una reforma constitucional para eliminar esa contradicción y dejar establecido de manera expresa que el tope de las pensiones doradas será equivalente a la mitad del salario presidencial.
“Quedaba claro y fue argumento de ellos en las pláticas que tuvieron con Luisa de que era contradictoria y en efecto, a la hora de que se propuso la reforma no quedó digamos clara. Entonces la orientación de la consejería jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso, hacer el equivalente para que quede claro en términos de los que hoy reciben pensión.”
Claudia Sheinbaum
La mandataria señaló que el objetivo de esta modificación es dar certeza jurídica al límite de las pensiones doradas y mantener el principio de austeridad establecido desde la administración anterior, evitando interpretaciones que permitan mantener beneficios superiores a los previstos por la ley.
Con esta reforma, el Gobierno de México busca consolidar los cambios impulsados para eliminar las pensiones doradas y garantizar que ningún servidor público reciba una pensión por encima del tope constitucional que será definido una vez que la modificación sea aprobada por el Congreso.