El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este martes una orden ejecutiva para sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto.
La orden, que busca mejorar la imagen de la IA en un momento en que las críticas contra esta industria van en aumento en Estados Unidos, obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar “superinteligencia” y las siglas “SI” en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar “inteligencia artificial” e “IA”.
Además, Trump ha encargado al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de “superinteligencia” y determinar qué nuevas acciones ejecutivas serían necesarias para aplicarla.

Del apocalipsis al consenso global: ¿a quién interesa que la inteligencia artificial sea segura?
El mandato llega tras el encuentro este martes del presidente con los grandes magnates tecnológicos, en el que ha defendido “la autorregulación” de la industria de la IA. A la Casa Blanca han asistido el presidente de Nvidia, Jensen Huang; el magnate Elon Musk; el presidente de OpenAI, Greg Brockman; los directores ejecutivos de Anthropic, Dario Amodei; Google, Sundar Pichai; y Meta, Mark Zuckerberg; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; y los directores ejecutivos de Microsoft, Satya Nadella; AMD, Lisa Su; Broadcom, Hock Tan; Palo Alto Networks, Nikesh Arora; ServiceNow, Bill McDermott; Micron, Sanjay Mehrotra; y Altimeter, Brad Gerstner.
Trump desoye las advertencias
El presidente de EE.UU. ha declarado que los ejecutivos tecnológicos han acordado establecer normas voluntarias para la inteligencia artificial y ha reiterado su apoyo a la rápida expansión de los centros de datos, en un momento en el que aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de la IA y la creciente huella de la industria en las comunidades.
Trump ha declarado a la prensa que existe “la convicción de que debe haber una gran autorregulación” y que el sector de la IA ya cuenta “automáticamente con la regulación del Departamento de Justicia, el FBI y todo eso”.

La compañía Nvidia propone una plataforma para que la IA no escape al control humano
Por su parte, las empresas han acordado trabajar con “auditores independientes” para evaluar si los sistemas de IA funcionan según lo previsto por sus diseñadores, según una copia del acuerdo publicada por Trump en Truth Social.
Las compañías también han afirmado que trabajarán para garantizar que sus herramientas de IA no “hackeen ni accedan a sistemas técnicos de maneras no previstas”.
Trump ha declarado que está considerando crear un comité de diez personas para supervisar la seguridad de las herramientas de IA, aunque no ha especificado quiénes podrían integrar dicho grupo. Asimismo, ha añadido que pronto nombraría a un nuevo funcionario para dirigir las políticas de la Casa Blanca en esta materia.
Esta reunión se produce a seis semanas de unas legislativas en las que Trump y los republicanos se juegan su escasa mayoría en el Congreso y en medio de un creciente debate sobre el impacto de los centros de datos en las comunidades y los riesgos de los sistemas de IA más avanzados, después de que las propias empresas advirtieran sobre la necesidad de aumentar las salvaguardas para su desarrollo.

El mundo en guardIA: ¿Qué hay detrás de los riesgos de la inteligencia artificial?
El mandatario, en cambio, ha rechazado controles estrictos y defiende que Estados Unidos mantenga el liderazgo frente a China. Al ser consultado sobre si le preocupa que su apoyo a los centros de datos pudiera perjudicar a los republicanos en noviembre, Trump ha respondido que las empresas tecnológicas trabajarán para que las comunidades estén “contentas” con la construcción de estas instalaciones.
Los centros de datos, que proporcionan la potencia informática necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA, han generado oposición en comunidades de todo el país debido a preocupaciones sobre la demanda de electricidad, los costos de los servicios públicos y otros impactos locales. Este rechazo supone un desafío político para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

