En el año 2022, con el contexto de la crisis de Ucrania, el Gobierno cargó los Presupuestos Generales unos 600 millones para contener la subida de la tarifa regulada del gas, la TUR (tarifa de último recurso). La ministra de transición ecológica en aquel momento, Teresa Ribera, aconsejó a los españoles pasarse al mercado libre para pagar menos.
Este martes el Ejecutivo volvió a topar la TUR en su tercer real decreto por la crisis de Oriente Medio. Esta vez el alivio no será asumido por el Estado, sino que se convertirá en una deuda que tendrán que saldar los propios beneficiarios, más de 3,1 millones de hogares.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó la medida como una de las novedades del paquete. Gracias al tope, no podrá encarecerse más de un 15%. Desde el inicio de la ayuda, el Estado ha desembolsado más de 12.000 millones de euros, pero según las fuentes del mercado, el alivio del gas habrá que devolverlo, y con intereses.
“Más que una ayuda, lo que ha hecho esta vez el Gobierno es prorratear la subida“, afirma el mercado. Y lo expone el documento publicado en el BOE. El tope se aplica sobre uno de los componentes del recibo, el que refleja el coste del gas comprado en los mercados internacionales y que pesa en torno a un 30% de la factura.
La diferencia entre lo que debería haber subido de forma natural y el importe topado la adelantarán las propias empresas comercializadoras. En 2022 era el Estado el que las compensaba, esta vez lo harán los clientes.
Según afirma el mercado, la diferencia oscila entre 80 y 120 millones solo de octubre a diciembre. Las empresas la recuperarán en las siguientes revisiones de la TUR, más intereses y “sin sujeción a plazo”.
Mientras quede deuda pendiente, ese componente de la tarifa no podrá bajar; aunque el gas sea más barato, el cliente no lo notará en su factura hasta saldar por completo su deuda. La nueva fórmula de la TUR evidencia el escaso margen presupuestario que le queda al Gobierno.
En el caso de que los consumidores decidan cambiarse de la TUR al mercado libre si el gas se abarata, la salida tampoco será gratuita. Quien abandone la tarifa deberá antes amortizar todo el importe a deber; tendrá que abonar a su comercializadora la deuda media de su tramo de consumo.
