Hace un año, entró en vigor una tregua entre las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y el grupo paramilitar sunita Hamás. Un pacto de alto el fuego que formaba parte del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Ambas partes firmaron el acuerdo en Egipto y prometieron cesar las acciones militares en Gaza. Sin embargo, 365 días después, más de 1.400 gazatíes han muerto desde entonces. Según la organización pro derechos humanos Oxfam Intermón, más de un centenar de organizaciones humanitarias consideran que el fin de las hostilidades solo existe “sobre el papel”.
“Las fuerzas israelíes siguen matando e hiriendo a la población palestina a diario, y las restricciones a la ayuda, los equipos y los materiales de reconstrucción impiden que las familias se recuperen”, reza el comunicado de la organización. Aseguran que más de dos millones de personas necesitan refugio, 1,4 millones se enfrentan a niveles críticos de hambre y que ningún hospital a su alrededor funciona a pleno rendimiento.
Una “tregua” que también ha afectado a los menores de edad. Al menos 324niños y niñas han sido asesinados: “Desde que se anunció el alto el fuego, ha muerto casi un niño o niña cada día“, declara Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children. Este cese de la violencia “carece de sentido si se sigue matando a menores y las familias siguen sin poder reconstruir sus vidas”.
A pesar de que los familiares de las víctimas han recuperado cientos de cuerpos de entre los escombros de sus antiguos hogares, muchos cuerpos permanecen sepultados e inaccesibles. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aproximadamente 10.000 personas siguen enterradas bajo los escombros. Oxfam teme que la retirada de escombros por parte del Ejército israelí pueda conllevar la destrucción de pruebas de crímenes internacionales.
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El pasado mes de septiembre, una comisión de investigación independiente puesta en marcha por la ONU llegó a la conclusión de que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza, y que personalidades políticas como el primer ministro Benjamín Netanyahu habían incitado estas acciones contra el pueblo palestino.
Mohsen Abu Ramadan, miembro de la junta directiva de la Red de ONG Palestinas, afirma a Oxfam que las organizaciones de la región están respondiendo a necesidades “inmensas” bajo la ocupación: “Contamos con oficinas destruidas, personal desplazado y presupuestos más reducidos”, afirma Ramadan, que exige mayor protección a las autoridades y Gobiernos internacionales
La línea amarilla
La primera fase del alto el fuego incluía, entre otra “exigencias”, la retirada de las fuerzas israelíes hasta la línea pactada entre Trump y Netanyahu. Sin embargo, la llamada “línea amarilla”, que delimita la separación entre el territorio de Gaza con control palestino y el ocupado por Israel, no ha retrocedido, sino que ha seguido desplazándose hacia el oeste, hacia el interior de Gaza.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el área bajo control de las FDI se ha ampliado del 53% al 63% desde que empezó la tregua.
Esto, asegura Oxfam, confina a la población palestina a vivir en una región cada vez más “reducida” y hacinada.
Tiendas de campaña que dan refugio a palestinos desplazados se encuentran entre edificios dañados en la ciudad de Gaza Jehad Alshrafi Jehad Alshrafi / AP
Tiendas de campañas, la alternativa ante la destrucción
El comunicado de la organización también hace mención a la devastación que han provocado las ofensivas israelíes. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo reporta daños en un 82% de las estructuras en Gaza y la destrucción total de más de dos tercios. Desde octubre de 2025, el número de estructuras totalmente derruidas ha aumentado en un 9%. Estos derrumbes han provocado, según el periódico británico The Guardian, 61 millones de toneladas de escombros, una cantidad 20 veces superior a la generada por “todas las guerras del mundo en los últimos 18 años”. El pasado mes de septiembre, 21 personas fallecieron al desplomarse un edificio dañado.
La destrucción de las ciudades ha provocado que miles de familias gazatíes afronten, por cuarto año consecutivo, un nuevo invierno refugiados en tiendas de campaña o casas dañadas, exponiéndose, afirma el escrito de Oxfam, al frío, el viento y las inundaciones. “Las familias siguen viéndose obligadas a tomar decisiones imposibles. Refugiarse en edificios dañados y peligrosos o vivir en tiendas de campaña soportando temperaturas insoportables”, afirma Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados. “Las restricciones israelíes siguen impidiendo la entrada del equipo o los materiales necesarios, que son la única vía para que las comunidades empiecen a reconstruir sus vidas”.
En unos hogares tan frágiles e inseguros, la carga familiar recae en las mujeres. ONU Mujeres calcula que uno de cada cuatro viviendas en Gaza están encabezados por mujeres, el doble que antes del inicio del conflicto.
Palestinos desplazados transportan recipientes de agua cerca de un campamento de tiendas de campaña en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Abdel Kareem Hana Abdel Kareem Hana / AP
Los servicios esenciales
Mientras tratan de adaptar sus refugios a las nuevas temperaturas, los gazatíes ven afectada su salud sin poder obtener respuesta. De los 36 hospitales de Gaza, ninguno funciona a pleno rendimiento, y todos sufren escasez de medicamentes, equipos y combustible necesarios. Este último factor es fundamental para los motores y repuestos, y su insuficiencia obliga a los centros sanitarios a racionar la energía y a inmovilizar vehículos. OCHA asegura que esta falta de combustible ha provocado muertes por afecciones que podían ser tratadas, incluidas las relacionadas con embarazos.
Más de 18.500 pacientes, clama Oxfam, aún necesitan evaluación médica. Mientras esperaban a ser atendidos, al menos 1.000 fallecieron. Asimismo, más de 1,4 millones se enfrentan a niveles de hambre de crisis hasta finales de año, mientras que el agua insalubre —un problema que afecta a 9 de cada 10 hogares— siguen propiciando la propagación de enfermedades prevenibles.