La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron reservar información relacionada con los esquemas de protección y escoltas asignados a funcionarios y otras personas en Chihuahua, incluyendo el número de agentes destinados a estas tareas y los recursos públicos utilizados.
En respuesta a una solicitud de transparencia, la SSPE clasificó como reservada la información sobre cuántos elementos se encuentran actualmente comisionados a labores de protección, cuántos corresponden a cada funcionario y las cifras históricas entre 2016 y 2026.
La reserva también alcanza datos sobre vehículos, armamento, equipo y recursos económicos, así como salarios, viáticos, combustible y mantenimiento vinculados con estas tareas. Incluso fueron restringidos los documentos mediante los cuales se formalizan las asignaciones, como oficios de comisión, acuerdos y órdenes de servicio.
La dependencia fundamentó la determinación en el artículo 124, fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, según la respuesta correspondiente a la solicitud con folio 082467726000283, fechada el 6 de octubre.
Fiscalía también reserva información
Por separado, la FGE respondió que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no presta servicios de escolta, guardaespaldas, protección personal o seguridad privada para particulares.
Sin embargo, la propia Fiscalía decidió reservar información sobre cuántas personas ajenas a la institución cuentan con agentes de investigación asignados para su protección, el número de elementos destinados a cada persona, sus percepciones salariales y los análisis de riesgo utilizados para justificar dichos esquemas.
La decisión fue confirmada por el Comité de Transparencia de la Fiscalía mediante la resolución FGE-2C.5/035/2026, del 5 de octubre. En este caso, la información permanecerá reservada durante cinco años.
La aparente diferencia entre negar servicios de escolta para particulares y, al mismo tiempo, reservar información sobre personas externas que cuentan con agentes para su protección responde a categorías administrativas distintas, aunque deja sin conocerse públicamente quiénes reciben estos esquemas, cuántos policías están destinados a ellos y cuánto representan para el erario.
Sin expedientes por presuntos servicios privados
En otra solicitud se preguntó a la Fiscalía sobre posibles servicios privados de protección realizados por agentes en activo entre 2016 y 2026, así como investigaciones o sanciones derivadas de este tipo de actividades.
La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia respondió que no localizó expedientes relacionados con esos supuestos, mientras que la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación informó que tampoco encontró registros en los términos planteados.
Por su parte, la SSPE confirmó que la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial tiene entre sus facultades realizar evaluaciones de riesgo y brindar servicios de protección, custodia y vigilancia para dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.
Con las reservas impuestas, permanece fuera del conocimiento público el número total de policías destinados a proteger funcionarios y otras personas, así como el costo que estos esquemas de seguridad han representado para Chihuahua durante la última década.