El pasado 8 de octubre del año en curso la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fue tema a nivel nacional tras presentarse un motín en el centro penitenciario El Castillo, donde el saldo fue 10 personas fallecidas y 16 lesionados.
Ese día transcurría de manera normal donde los prisioneros se encontraban recibiendo a sus familiares en la sala de visitas, cuando de repente comenzaría el terror dentro de las instalaciones, donde un grupo de internos desató la violencia.
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Saldo de los daños
Cabe mencionar que dicho motín se originó en el transcurso de la mañana dentro de un módulo donde la riña dejó varios muertos y lesionados, donde las autoridades federales ingresaron para sofocar la rebeldía de los prisioneros que amenazaban con ingresar a otros módulos y causar más destrozos.
A dos semanas de los lamentables hechos en el centro penitenciario El Castillo, se filtró un video donde se aprecia el saldo que dejó el motín de los prisioneros, donde en los pasillos había personas heridas siendo atendidos por personal médico.
Tras darse los violentos hechos en el centro penitenciario El Castillo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que dichos disturbios se originó por una disputa interna entre integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa, luego de que un hombre con liderazgo dentro de la facción obtuviera su libertad.
Disputa del penal
De acuerdo con García Harfuch, la confrontación no habría comenzado por un ataque de una organización rival, sino por una pugna entre integrantes de la misma facción criminal.
La situación del penal ya estaba bajo cuestionamiento previo a los enfrentamientos, pues el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó al centro una calificación reprobatoria de 5.25, ubicada en el rango bajo de la evaluación.
A las dudas sobre si estaba garantizada la seguridad se sumaron las denuncias de madres y esposas de internos, quienes el 9 de octubre acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Mazatlán para solicitar información sobre sus familiares, además de presuntas amenazas e intimidaciones cuando exigían respuestas.
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