Miles de personas han salido a las calles de Lisboa desafiando a la lluvia para protestar contra el presupuesto de 2027, que se votará en el Parlamento la próxima semana, y para exigir soluciones al aumento del coste de la vida y la crisis de la vivienda.
Entre las principales reivindicaciones de los asistentes figuran la subida del salario mínimo a 1.100 euros el próximo año, mejores pensiones y mayor protección social y la defensa del sistema público, tanto de educación como sanitario.

La protesta —convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), principal sindicato del país— se ha producido tres días antes de la votación definitiva en el Parlamento de los Presupuestos del Estado para 2027, que irá acompañada de nuevas concentraciones frente al legislativo.
La abstención del PS facilitará los presupuestos
Se espera que el presupuesto presentado por el Ejecutivo del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, sea aprobado en el hemiciclo gracias a la abstención del Partido Socialista (PS), que ya posibilitó en primera instancia el borrador con su abstención.
No obstante, la CGTP considera que las cuentas del Gobierno no son suficientes para hacer frente a las dificultades económicas de los trabajadores y denuncia la falta de revalorización salarial, el deterioro de los servicios públicos y las dificultades de acceso a la vivienda.
De hecho, a la protesta también se han sumado los activistas del movimiento por la vivienda, que siguen reuniéndose diariamente desde que comenzaron las acampadas por la crisis habitacional el pasado mes de octubre.

La manifestación ha tenido lugar al día siguiente de una huelga en el sector público, convocada por Frente Común de Sindicatos de la Administración Pública.
Los sindicatos reclaman un incremento salarial del 15%, con una subida mínima de 150 euros mensuales por trabajador, así como elevar a 1.150 euros el salario base de la Administración Pública y a 13 euros diarios la asignación para comidas; mientras que el Gobierno contempla para el próximo año un incremento salarial del 2,3% o de un mínimo de 60,52 euros mensuales.
El coordinador de Frente Común, Sebastião Santana, ha acusado al Ejecutivo de negarse a negociar las 83 propuestas presentadas por la organización sindical a finales de septiembre.