Hay conflictos empresariales que terminan en los tribunales y otros que, por la forma en que son manejados, terminan convirtiéndose en un problema político. El caso Next Energy parece caminar hacia el segundo escenario, y comienza a generar preocupación en el sector empresarial de Aguascalientes.
Lo que está en juego con este asunto es la certeza de que las reglas y los procedimientos serán respetados cuando una empresa entra en conflicto con el poder público. Esto es fundamental para cualquier economía que busca atraer capital, ahí es donde está el riesgo para el Gobierno de Aguascalientes.
El origen del problema se remonta a la administración municipal de Aguascalientes que comprendió el periodo 2017-2021. Durante ese periodo se estableció la relación contractual con Next Energy y se tomaron decisiones administrativas relacionadas con los servicios de la empresa. Años después, aquel diferendo no solo permanece vigente, sino que ha terminado convertido en un complejo expediente penal que mantiene a su propietario, Eugenio Javier Maiz Domene, en prisión desde hace ocho meses.
Fuentes inmersas en el proceso nos hacen ver que la estructura institucional que hoy interviene en el conflicto no es completamente ajena a los antecedentes administrativos que le dieron origen. Personas que tuvieron responsabilidades en el Ayuntamiento de Aguascalientes durante la etapa en que se tomaron decisiones relacionadas con Next Energy hoy ocupan posiciones dentro del gobierno estatal y del aparato de justicia local. Entre ellas hay funcionarios vinculados actualmente con el Poder Judicial local.
Más allá de las responsabilidades individuales y de lo que determinen los tribunales, esa circunstancia genera un problema evidente de percepción. En un asunto tan controvertido, las instituciones necesitan no solo actuar conforme a derecho, sino demostrar que trabajan con independencia y que no obedecen intereses del Ejecutivo.
El conflicto que originalmente tenía una naturaleza mercantil terminó escalando al ámbito penal con la apertura y acumulación de cinco carpetas de investigación contra Maiz Domene. Entre las acusaciones se encuentran extorsión y narcomenudeo dentro del penal. La defensa, encabezada por el despacho Vega Mac Gregor Arellano, sostiene que las personas que presuntamente habrían sido afectadas o estarían involucradas en algunos de estos hechos no se han presentado y, en algunos casos, ni siquiera han podido ser localizadas.
Son elementos que deberían obligar a extremar el cuidado del debido proceso. La autoridad tiene plena facultad para investigar y perseguir cualquier conducta que considere delictiva, pero esa facultad tiene límites. Las acusaciones deben sostenerse con pruebas, y las decisiones judiciales deben estar blindadas frente a cualquier sospecha de intereses políticos.
Esta situación puede impactar negativamente a uno de los gobiernos que aún mantiene la oposición, en miras al proceso electoral del año próximo. Asimismo, en materia económica también puede causar afectaciones, ya que para el sector empresarial, la certeza jurídica forma parte de las condiciones que se evalúan antes de invertir, contratar, construir una planta o comprometer capital durante varios años.
Un estado puede ofrecer infraestructura, mano de obra calificada y seguridad, pero si al mismo tiempo existe la percepción de que un conflicto con el gobierno puede terminar convertido en un problema penal sin las suficientes garantías, el mensaje para los inversionistas cambia radicalmente.
Aguascalientes ha trabajado durante años para consolidarse como un destino industrial y empresarial. Por eso resulta especialmente delicado que un conflicto como el de Next Energy pueda instalar dudas sobre la independencia y confiabilidad de sus instituciones.
El empresariado local observa con atención el desarrollo del caso porque la discusión ya no se limita a determinar quién tiene razón en el conflicto entre Next Energy y las autoridades. La pregunta de fondo es si cualquier empresa que tenga un diferendo con el poder público en Aguascalientes, puede confiar en que encontrará instituciones imparciales para resolverlo.
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