Hoy, 8 de septiembre, es la fecha límite para que el Ejecutivo Federal presente al Congreso la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a 2027. Es buen momento para analizar algunos aspectos de la economía mexicana y ver qué se puede hacer.
Pasemos primero por un tema caro al gobierno de la presidenta Sheinbaum: la disminución de la pobreza. Aunque esta disminución se ha dado en la gran mayoría de los países de América Latina, sólo en República Dominicana el proceso ha sido más rápido y consistente que en México. Si nos atenemos a los datos del Banco Mundial, el principal determinante de ello en nuestro país ha sido el cambio en los ingresos laborales: el aumento al salario real. El papel de las transferencias públicas en ese proceso de disminución de la pobreza existe, pero su contribución es marginal. La respuesta en el combate a la pobreza son el empleo y los salarios en el sector formal de la economía, mucho más que los subsidios, que solo dan una ayudita.
El problema es que la recuperación de los salarios reales está aproximándose al punto en el que pueden detonar un efecto negativo en la creación de empleos. Queda espacio, pero es cada vez más reducido, y hay sectores de la economía en los que es ya inexistente.
¿Cuál es entonces la solución? Obviamente, la creación de empleos formales, cosa que solamente se puede hacer detonando la inversión pública y privada. Si no se hace, seguiremos condenados a tasas bajísimas de crecimiento, y por lo tanto, de creación de puestos laborales formales. Aquí tenemos el primer nudo fiscal-presupuestal: ¿cómo aumentar la inversión pública si una parte importante de los recursos está etiquetada para las transferencias sociales, el servicio de la deuda y el eterno rescate de Pemex?
La respuesta natural, en ausencia de una anatemizada reforma fiscal, sería hacer inversiones financiadas a través de la deuda pública, mientras se obtienen piscachas de diverso tipo en la miscelánea fiscal. En este asunto, como hemos señalado en otras ocasiones, la cuestión a analizar no es tanto el tamaño del déficit, sino qué tan fácil es financiarlo. En otras palabras, qué tan sencillo es conseguir el dinero prestado para compensarlo, y a qué costo.
Aquí aparece otro problema. México está pagando intereses cada vez más altos para financiar su déficit fiscal-presupuestal. Eso significa hipotecar el futuro desarrollo del país en aras de mantener el estado de cosas.
El alto nivel de las tasas de interés que paga México obedece a dos razones: una es externa, hay un aumento a nivel mundial, ligado a las preocupaciones de los mercados respecto a la inestabilidad causada por distintas acciones del gobierno de Trump: la tasa de interés de los bonos de largo plazo del Tesoro estadunidense está en su nivel más alto en tres años; la de Japón, que es la que paga menos, en el más alto en 30 años; la de Alemania, en el más alto en 15 años. La otra es interna: los bonos mexicanos pagan muy por encima de los de todas esas naciones, debido a la incertidumbre provocada por el nivel fluctuante de las relaciones con Estados Unidos (en primer lugar, sobre el T-MEC) y por reformas como la judicial, que ponen en duda el compromiso mexicano con la aplicación imparcial de las leyes, así como por la destrucción institucional llevada a cabo por el gobierno desde 2018.
Esa misma incertidumbre es la que impide que haya un aumento serio en la inversión privada, tanto de empresarios nacionales como extranjeros. Todo parece alineado para un crecimiento mínimo con estancamiento per cápita. Eso significa menor creación de empleos formales pagados decentemente y una mayor proporción de personas económicamente activas que se ven forzadas a ganarse la vida con empleos informales.
Regresando al presupuesto. 2027 es año electoral en México, así que lo más probable es que el gasto en transferencias sociales, electoralmente útil, se refuerce. La promesa de “no más impuestos” se desvanece, pero no para transformarse en una reforma integral, sino -muy probablemente- para rascarle a los pocos frijoles que quedan en la olla, con resultados marginales. Servicio de la deuda y rescate eterno de Pemex se comen una parte grande del presupuesto, y la mayor parte de la inversión pública, a pesar de su bajo nivel, tendrá que ser financiada con recursos de una deuda aún más cara.
Quedan varias preguntas que se responderán cuando aparezca el Paquete: ¿cómo se distribuirá el gasto entre los sectores? ¿Cómo se atenderá presupuestalmente la oferta política de un sistema de salud universal? ¿Seguirá el abandono de la inversión educativa? ¿Qué tanto tocará a seguridad? ¿Cuánto se llevarán las Fuerzas Armadas?
Pero lo que está empezando a ser contestado es que el proceso de disminución de la pobreza está a punto de chocar con pared. Menos espacio para incrementos salariales reales, casi ninguno para aumento de los empleos formales. Parece que, a nivel macroeconómico, vamos camino a quedarnos dando vueltas a la noria, congelados en el tiempo.
Twitter: @franciscobaezr
