Un tribunal de Ecuador condenó este miércoles a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram (1996-1997) y a su hijo Jacobo por el delito de delincuencia organizada, por la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos en 2020.
Además de Bucaram y su hijo, condenados en calidad de colaboradores, también fueron sentenciados un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito identificado como Leandro Berrones, quien recibió 13 años y cuatro meses de cárcel; mientras que el ciudadano israelí Sheinman Oren, dos años y ocho meses de prisión, porque colaboró con la justicia.
Los jueces aceptaron la teoría de la fiscal del caso, quien en mayo pasado había pedido una condena contra los cuatro procesados, tras acusarlos de “colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos”, por la comercialización de unas 21,000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria.
Los jueces ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa de unos 9,640 dólares.
El expresidente permaneció internado en un hospital del norte de Guayaquil —la ciudad más poblada del país, donde reside— desde la semana pasada.
Los jueces habían ordenado su detención en el momento en que recibiera el alta médica. Este miércoles, cuando el hospital autorizó su salida, el tribunal fue notificado, por lo que fue conectado por videollamada y con vigilancia policial para notificarle la decisión.
De acuerdo con la investigación fiscal, dos israelíes, Oren y otro asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, fueron los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hacia la casa del exmandatario, quien “también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras”.
Además, algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para movilizarse.
Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país “sin facturas y sin pagar impuestos al Estado”, de acuerdo al Ministerio Público.
Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.
El expresidente Bucaram estuvo exiliado por dos décadas en Panamá y regresó a Ecuador en 2017, cuando prescribieron los delitos de presunta corrupción por los que era requerido por la justicia ecuatoriana.
Destituido por “incapacidad mental”
Bucaram perdió el poder el 6 de febrero de 1997, tras solo seis meses de mandato, debido a un colapso político, económico y social que culminó con su destitución por parte del Congreso Nacional.
Su gestión acumuló graves acusaciones de malversación de fondos públicos y favoritismo hacia allegados. Además, su estilo de gobierno excéntrico y confrontacional —que incluía conciertos de rock, grabaciones de discos y apariciones en televisión— generó rechazo en la clase política tradicional y las instituciones.
Ante la presión de las calles, la oposición en el Congreso recurrió a una figura de la Constitución que permitía destituir al mandatario por “incapacidad mental” sin necesidad de realizar un juicio político.
La medida se aprobó con mayoría absoluta de votos sin presentarse ningún informe médico formal que la respaldara.Tras la pérdida del respaldo de las Fuerzas Armadas y desencadenarse una crisis de sucesión inmediata (con disputas entre la vicepresidenta Rosalía Arteaga y el titular del Congreso Fabián Alarcón), Bucaram salió del Palacio de Carondelet y se exilió en Panamá.
