Con el objetivo de evitar que establecimientos mercantiles sean clausurados de manera inmediata por irregularidades administrativas o faltas no graves que pueden ser subsanadas, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, propuso modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles capitalina.
La iniciativa plantea cambiar el régimen de clausuras para que las sanciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad, gradualidad y razonabilidad, y que el cierre de un establecimiento sea considerado como una medida de última instancia.
Torres González explicó que actualmente los establecimientos mercantiles deben contar con las autorizaciones y permisos correspondientes emitidos por las alcaldías, mientras que éstas, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), tienen facultades para realizar visitas de verificación y constatar el cumplimiento de la normatividad.
En caso de detectar incumplimientos, las autoridades pueden imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas, que van desde la clausura parcial o temporal hasta el cierre total y, en supuestos graves o de reincidencia, la clausura permanente.
El legislador consideró necesario modificar este esquema para evitar que infracciones administrativas, que no representan un riesgo inmediato para las personas, deriven directamente en las sanciones más severas.
Por ello, propuso reformar los artículos 70, 71 y 71 Bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles para retirar del catálogo de clausura automática algunas irregularidades no graves, entre ellas la falta inicial de programa de protección civil, seguro, enseres o la modalidad de barra libre.
Además, plantea ampliar de 15 a 30 días hábiles el plazo para que los propietarios o responsables de los establecimientos puedan corregir las anomalías detectadas antes de que las autoridades procedan con el cierre.
La propuesta establece que las clausuras temporales o permanentes se reserven para casos en los que exista un riesgo inminente para la integridad de las personas, se haya registrado un siniestro o se trate de faltas graves reiteradas.
El coordinador de MC sostuvo que el objetivo no es disminuir las facultades de vigilancia de las autoridades ni relajar el cumplimiento de la ley, sino establecer mecanismos que permitan la regularización y corrección oportuna de irregularidades antes de aplicar sanciones máximas.
“Resulta indispensable replantear el diseño normativo vigente a efecto de evitar la imposición automática de sanciones máximas ante infracciones subsanables, privilegiando en su lugar mecanismos que incentiven la regularización, la corrección oportuna y el cumplimiento progresivo de las obligaciones”, señaló.
Además, afirmó que de aprobarse la reforma, se buscaría generar un entorno comercial con mayor certeza y previsibilidad, además de proteger la actividad económica lícita y los puestos de trabajo, sin dejar de lado las obligaciones en materia de seguridad y cumplimiento de la normatividad.
La iniciativa también plantea que el régimen de sanciones permita mantener un equilibrio entre la función de vigilancia de las autoridades y la protección de los establecimientos que cumplen con sus obligaciones o que tienen la posibilidad de corregir irregularidades.
